Una de las batallas por el Patrimonio Forestal del Estado (PFE) se dio en 1997 con la denuncia de Acción Ecológica en el Ministerio del Ambiente (MAE) por la adjudicación a la empresa maderera Botrosa de 3400 ha de bosque nativo del predio el Pambilar, parroquia Malimpia, provincia de Esmeraldas.
Los campesinos y colonos alertaron sobre la explotación irracional de los bosques y de los impactos ambientales y sociales de los que eran víctimas. Ante esta denuncia, el MAE hizo una inspección en 1998 y constató que la adjudicación era ilegal por encontrarse dentro del PFE, conclusión a la que también llegaron la Comisión del Control Cívico de la Corrupción, la Contraloría General del Estado y el Congreso Nacional. Siguiendo estas resoluciones, en octubre del 2002 el Tribunal Constitucional ordenó que el Pambilar sea revertido al Estado y que Botrosa salga del lugar, sin embargo Botrosa continuó allí. Adicionalmente, los campesinos han denunciado reiteradamente que fueron sometidos a diferentes atropellos a sus derechos, entre ellos la persecución, tortura y criminalización.
Finalmente en diciembre del 2009 el juzgado encargado de ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional, ordenó al INDA que proceda con la reversión de estos bosques al Estado y que se cumpla con la salida de Botrosa.
La actual Asamblea Nacional, ante la demora de esta reversión, también intervino y llamó al director INDA para que informe sobre el cumplimiento de la sentencia y de las otras que tienen que ver con predios irregularmente adjudicados a favor de Botrosa. Sabemos que pese a todas las órdenes jurídicas la maderera reusa a retirarse y que continua con sus actividades.
Es el momento de que el Estado inspeccione el predio el Pambilar, puesto que no es suficiente que la maderera salga; Botrosa debe reparar los daños causados. Por ejemplo, los lugareños denuncian que la vegetación nativa ha sido seriamente dañada y que hubo explotación forestal mal manejada en el lugar. Cualquier trabajo de este tipo, por parte de Botrosa, en el Pambilar es claramente ilegal.
El MAE conoce el caso y debe hacer cumplir las leyes y proteger los recursos naturales del Estado. El Pambilar se ha convertido en un caso emblemático de una empresa maderera que ha burlado durante más de 12 años a la justicia y a las instituciones ecuatorianas. La Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional dice estar dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias y esto significaría investigar las otras adjudicaciones ilegales dentro del PFE y de ser el caso pedir su reversión al Estado. Se debe realizar las inspecciones necesarias, determinar responsables y respetar los derechos reconocidos en la nueva Constitución como son los derechos de la naturaleza y el que hace referencia a la reparación.
Esta es una batalla ganada, pero solo a medias. El Ecuador podrá cantar victoria solamente cuando Botrosa salga del Pambilar, y repare los daños. Pero los pobladores locales y sus bosques podrán estar tranquilos únicamente cuando sepan que el Estado los cuida y que ninguna otra empresa entrará a atropellar sus derechos. www.ecoportal.net
Acción Ecológica
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