Mientras la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) de Panamá confirmó en las últimas horas que hay en el país unos treinta proyectos de generación hidroeléctrica “en etapas avanzadas”, las organizaciones sociales profundizan sus críticas al avance de ese modelo.
Mientras la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) de Panamá confirmó en las últimas horas que hay en el país unos treinta proyectos de generación hidroeléctrica “en etapas avanzadas”, las organizaciones sociales profundizan sus críticas al avance de ese modelo.
En diálogo con Radio Mundo Real, la activista panameña Lucía Lasso, de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) explicó que el crecimiento de la economía de ese país ha provocado un incremento “extraordinario” de la demanda energética.
A raíz de eso, las autoridades han impulsado una serie de proyectos hidroeléctricos –hay en pie unos 150, según estiman las organizaciones-, que siguen adelante “a toda velocidad y sin una regulación adecuada”.
Lasso denunció que solamente en la pequeña provincia de Chiriquí –de unos 6500 kilómetros cuadrados- hay unos cuarenta proyectos hidroeléctricos; mientras que en Bocas del Toro se están registrando desplazamientos de comunidades indígenas y campesinas.
“No tienen tierras para los realojos, pero de todas formas ya empezaron a construir. Entonces es lógico que esta situación haya generado una reacción”, arguyó la representante de la ACD.
Uno de los proyectos que ha generado mayor polémica en Panamá es la construcción de la hidroeléctrica Changuinola I (Chan 75), que impulsa la corporación de capitales estadounidenses Allied Energy Systems (AES), precisamente en Bocas del Toro.
A comienzos de este año, la puesta en marcha de las obras de construcción de Chan 75 generó un conflicto con las comunidades del pueblo indígena Ngöbe, que dicen sentirse amenazadas por esta iniciativa.
La resistencia local, que incluyó denuncias ante la Defensoría del Pueblo, fue respondida por las autoridades con una creciente militarización de la zona. “Incluso se bloqueó la entrada al lugar a observadores de organismos internacionales”, recordó Lasso.
La organización que integra Lasso denunció en las últimas semanas que a pesar de los inminentes impactos ambientales de Chan 75, la firma AES está tramitando una certificación de Créditos de Carbono, en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio (CDM por sus siglas en inglés) del Protocolo de Kyoto. www.ecoportal.net
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